Este
viernes El Correo, de Bilbao, publicó diversas noticias sobre la sistemática
destrucción de expedientes judiciales relacionados con el terrorismo, que
poseen un indudable valor histórico.
Pues
bien, una de esas publicaciones ha sido la de un interesantísimo artículo, que
también es una suerte de manifiesto, firmado por 25 notables historiadores, lo
trascribimos íntegramente a continuación, rogando encarecidamente su lectura:
“El pasado mes de marzo el Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda celebraron una jornada para
analizar la importancia de los archivos para la investigación del fenómeno
terrorista en España. En ella diferentes especialistas discutieron sobre la
localización y las condiciones de acceso a los fondos generados por las
administraciones civil, militar y judicial desde 1960 a nuestros días. Carmen
Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo
de la Audiencia Nacional, describió cómo ha recuperado las causas judiciales
sobre asesinatos, dispersas en diversos archivos. Y nos alertó de un grave
problema que ha detectado durante sus trabajos de recopilación: en Euskadi se
han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades
terroristas.
La suerte de este tipo de
documentación se regula por el Real Decreto 937/2003. La norma creó una serie
de Juntas de Expurgo, de ámbito autonómico, encargadas de seleccionar los
expedientes a eliminar por haber finalizado, prescrito o caducado. Ahora bien,
deben conservarse permanentemente aquellos que la administración competente en
materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico.
En nuestro caso el organismo
responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada
en 2004. Según noticias publicadas en prensa, al año siguiente ya había
destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil,
penal, social y contencioso-administrativo. La última orden de expurgo se
publicó el pasado 14 de diciembre. Juanfer Calderín señaló en su libro
‘Agujeros del sistema’ (2015) que varios casos de sumarios habían sido
destruidos en Euskadi. Destacaba la causa por el asesinato del periodista José
María Portell por parte de ETA en 1978, que había sido eliminada el 23 de
octubre de 2008. Tal documentación es irremplazable: sin ella, la investigación
histórica es casi imposible.
Desconocemos casi por completo el
funcionamiento de la junta, de la que, significativamente, no forma parte
ningún historiador. Aunque el Departamento de Cultura del Gobierno vasco está
representado dentro del organismo, no parece que haya actuado diligentemente
para impedir estas destrucciones irreparables. No tener en cuenta la relevancia
de la documentación judicial parece una temeridad.
La documentación judicial es,
probablemente, la más rica de las que se conservan en los archivos históricos.
Su utilización es indispensable para escribir la historia de cualquier época.
Si se confirma la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en
Euskadi en los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer
historia de manera rigurosa, ya que nos faltarán documentos con la que
sostenerla. Por el contrario, se dará alas a la literatura panfletaria, la
escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas.
Con todo, lo peor de esta noticia es
que, si una parte de las fuentes judiciales ha sido destruida, será imposible
lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia
reciente de Euskadi. Se habrá privado, así, tanto a nosotros como a las
generaciones futuras, del derecho a la verdad.
Por todo lo dicho, los
historiadores firmantes reclamamos la urgente intervención de los responsables
institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes
judiciales, así como para elaborar un catálogo completo de la documentación
indebidamente suprimida.”
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