¿Cómo protege el PNV a sus corruptos?

Ayer les anticipábamos que hoy hablaríamos de esta derivada del juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya que empezaba ayer mismo por un grave caso de corrupción del PNV (Gobierno de Ivarreche, Consejería de Sanidad).

No es la primera vez que el PNV recurre a esta trampa: cuando sus corruptos están “pillados”, cuando se inicia el procedimiento judicial, cuando llega el juicio, y el gobierno vasco (el del PNV) tiene que comparecer como perjudicado por el robo, por el saqueo de dinero público, realizado por su gente, por nacionalistas de pura cepa, por (en este caso), gentes del lejendackary Ivarreche, hace el paripé de personarse en el juicio … pero no pide sanción penal, ni pide prisión para los corruptos, ¡cómo va a pedir cárcel para los suyos!.

EL Correo de este domingo pasado lo dice muy clarito, bajo el titular que nos sirve de imagen de hoy:

“Una comisión del Parlamento vasco ya dictaminó que existieron irregularidades continuadas» en Osakidetza entre 1996 y 2009

El Gobierno vasco ha descartado seguir la vía penal –es decir, pedir penas de prisión– para los principales acusados del ‘caso Margüello’, tres de ellos designados por dirigentes políticos con carnet del PNV. La formación nacionalista ha optado por sólo activar la vía civil y dejar la petición de cárcel para la Fiscalía. El año pasado el portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y responsable de los servicios jurídicos del Ejecutivo, Josu Erkoreka, justificó esta posición porque así lo recomendaban los letrados de Lakua. Aludió, en este sentido, a procedimientos anteriores donde las penas de prisión decayeron. Dijo que el principal objetivo del Gobierno autonómico era «recuperar hasta el último céntimo» de lo defraudado. Una actuación curiosa si se tiene en cuenta que fue el PSE, socio en el actual Ejecutivo, el que destapó el caso. Fue el entonces consejero de Sanidad Rafael Bengoa quién denunció las presuntas irregularidades.

El Parlamento vasco abrió incluso una comisión de investigación por la que pasaron medio centenar de expertos durante 38 jornadas. El dictamen final, respaldado por todos los partidos excepto el PNV, llegó a la conclusión de que existieron «irregularidades continuadas» en la adjudicación de contratos en Osakidetza entre 1996 y 2009, fecha en la que accedió a Ajuria Enea Patxi López. La Cámara cifró en 30 millones de euros la cantidad mínima que podría haber sido defraudada en ese periodo.

Precisamente los procesos de contratación pública supusieron el primer desmarque oficial en el Legislativo de Vitoria entre el PNV y el PSE en el actual mandato. Los socialistas se desmarcaron de su socio en Lakua y reclamaron a Urkullu que se eleven los controles en los procesos de contratación pública. En el debate en la Cámara se puso como ejemplo el ‘caso Margüello’, que ahora se juzgará en la Audiencia de Vizcaya”".