Un amable lector, tras leer ayer nuestro post
sobre el llamado “caso Margüello”, es decir, la corrupción de altos vuelos en
la sanidad pública vasca del exlejendacakary
Ivarreche, nos ha enviado, con ruego republicación, un artículo en El Correo
(25-01-17, pag. 25), que tiene algo de comentario editorial; nos ha parecido
de gran interés, así que va:
“Muchos ciudadanos vascos –otros no– han mirado durante años el
fenómeno de la corrupción digamos que con una cierta distancia. No es que
Euskadi fuera el paraíso terrenal que pretendió el PNV con evidente intención
política. Pero «aquí al menos no existe una corrupción generalizada, como sí
parece que la ha habido en el Estado», se jactaba el lehendakari Iñigo Urkullu
en la última campaña para las elecciones autonómicas.
Claro que lo que es susceptible de empeorar casi siempre suele
hacerlo. Y la posición vasca en el ránking de las corruptelas acaba de hacerlo
en las últimas horas con dos casos en apariencia relevantes. Ambos tienen un
rasgo en común: de nuevo sus protagonistas son excargos públicos del partido
mayoritario, del PNV.
La jueza que ha investigado durante más de un lustro presuntas
anomalías en la adjudicación de contratos en la Sanidad vasca durante la etapa
de Juan José Ibarretxe en la Lehendakaritza y de Gabriel Inclán en la
consejería anunció ayer la apertura de juicio oral contra los cuatro imputados.
Se trata del entonces viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán; del exdirector
del área, José Manuel Elorriaga; del exjefe de Calidad del hospital vizcaíno de
Cruces, José Carlos Margüello, y de María Nieves Fernández, socia de este
último en varios negocios.
La magistrada entiende que todos ellos se pusieron de acuerdo
para delinquir y beneficiar con contratos de Osakidetza a empresas vinculadas a
Margüello. La jueza les ha impuesto una fianza de 6,8 millones de euros, en
consonancia con el dinero que se cree pudieron embolsarse. La Fiscalía les pide
penas que van de los 11 a los 6 años y medio de cárcel por la comisión de
sendos delitos de prevaricación, malversación, fraude contra la Administración,
y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
Apenas unas horas antes, la sección segunda de la Audiencia
Provincial de Bizkaia arrancaba la vista oral contra quien durante dieciséis
años fue alcalde de Bakio, Txomin Renteria. El antiguo regidor peneuvista se
enfrenta a penas de 3 años y medio de prisión y a 10 más de inhabilitación para
cargo público por la supuesta comisión de sendos presuntos delitos de
prevaricación y falsificación documental en la fallida construcción de un
centro de talasoterapia en el pueblo.
De esta forma la lista de exdirigentes, exaltos cargos,
exburikides y militantes del PNV procesados por presuntos escándalos de
corrupción ronda la treintena. Más de una veintena lo están por el ‘caso De
Miguel’, que este año se juzgará en la Audiencia de Vitoria. Otros dos por el
fallido coche eléctrico Hiriko, también en Álava. Más los cinco de los casos
Margüello y Bakio.
Que el Partido Popular, por ejemplo, tiene bastantes más en el
conjunto de España es del todo cierto. Que el PSOE tampoco se salva, igual.
Pero la cifra y los casos parecen de la suficiente entidad como para que el
partido de Ortuzar empiece a preocuparse, si es que no lo está ya. Y para que
muestre a los ciudadanos vascos su pesar porque son ya demasiadas las presuntas
ovejas negras que se le han colado en sus filas.
En el ‘caso de Miguel’ ya causó una notable sorpresa política y
mediática que el Gobierno Urkullu evitara pedir penas de cárcel para los
exdirigentes del PNV procesados, si es que finalmente son hallados culpables.
No solo. El Ejecutivo peneuvista solicitó que se eximiera de responsabilidad
penal a las esposas de los principales encausados, también afiliadas a la
formación jeltzale.
Hoy el Gobierno Urkullu no es monocolor, sino de coalición PNVPSE. Pues
bien, ese Ejecutivo ha vuelto a declinar pedir cárcel para los acusados del
‘caso Margüello’. Cabe suponer, mientras nadie diga lo contrario, que por
acuerdo entre los socios. Curioso.”
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