Frases que tienen su aquel ...

“El nacionalismo es completamente anti-histórico.

Es una regresión a la forma más primitiva, cavernaria”,

Mario Vargas Llosa (XL Semanal nº 1.479, 28-02-2016)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

lunes, 14 de marzo de 2016

Corrupción NaZionalista del PNV en Álava (y III, de momento)

Tras dos días (ayer y el sábado) en que tocamos este asunto, hoy, ponemos fin, de momento al asunto, con la cronología de los hechos: más de 6 años en la investigación judicial de los hechos, y aún falta el juicio, la sentencia y los habituales recursos de apelación y/o de casación, o sea, todavía el asunto coleará durante varios años. (Pincharaquí encima para acceder vía enlace al texto de la información periodística).
Diciembre de 2009. La empresaria Ainhoa Alberdi denuncia ante la Fiscalía que dos dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, la han extorsionado para que pagara una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato. Aparentemente, su exsocio el constructor Jon Iñaki Echaburu, había constituido la sociedad que ahora dirige Alberdi, Urbanorma Consulting, expresamente para gestionar la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Alberdi aporta grabaciones como pruebas. En ellas, Tellería dice "de un sitio u otro tenemos que sacar lo que nos corresponda". Y Echaburu, cuando Alberdi le pregunta por la comisión, le contesta que la cantidad es "dentro de lo normal" y que la fijarán "los interlocutores". "¿Es para el partido?", repregunta ella. "Pues no lo sé, ellos lo van a establecer", replica el constructor.
Marzo de 2010. La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos y del fiscal Josu Izaguirre, arresta a ocho personas por su implicación en estos hechos. Además de De Miguel, Tellería y Echaburu, son arrestados el también dirigente del PNV Koldo Ochandiano, el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, y las esposas de De Miguel, Tellería y Ochadiano. Una empresa que presuntamente actuó como "pantalla" para el cobro de comisiones, Kataia Consulting, figuraba a nombre de las tres. El PNV fuerza la salida de sus cargos públicos e internos de todos los implicados, aunque continúan como militantes.
Mayo de 2010. El juez Ramos levanta el secreto de sumario. EL MUNDO revela la existencia de más sociedades mercantiles vinculadas a De Miguel y a operaciones sospechosas. También la existencia de importantes movimientos de dinero con billetes de 500 euros. Una denuncia anónima se incorpora al sumario y permite descubrir importantes ingreso de las empresas del dirigente del PNV fruto de una operación urbanística en Zambrana, al sur de Álava.
Julio de 2010. El juez Ramos abre una investigación paralela después de hallar en el ordenador de Tellería una serie de documentos con la apariencia de fichas policiales en las que se mencionaba a agentes y confidentes de la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza. Se acusa al político y a dos mandos intermedios de esa brigada, ambos cercanos al PNV, de espionaje a políticos y empresarios al margen de la ley.
Enero de 2011. Arranca en el Parlamento Vasco una comisión de investigación sobre algunas de las cuestiones investigadas en el 'caso De Miguel'. El principal foco de interés son los numerosos contratos 'a dedo' salidos desde la dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles, a las empresas de De Miguel por unos servicios que no se prestaron, según el juez, la Fiscalía, la Policía y el propio Ejecutivo.
Abril de 2011. De Miguel es llamado a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento. A la entrada, es recibido con un abrazo por el portavoz del PNV, Joseba Egibar. A la salida, decenas de simpatizantes nacionalistas lo arropan y aplauden. El presidente del partido, Iñigo Urkullu, se empeña en retirar temporalmente la militancia a los imputados.
Julio de 2011. La unidad anticorrupción de la Ertzaintza entrega en el juzgado un contundente informe en el que hace constar que la de Miñano no fue la única comisión que recaudó la trama en torno a De Miguel. En concreto, desvela otras dos operaciones en las que Echaburu había abonado una cantidad equivalente al 4% de las adjudicaciones que recibió a sociedades pantalla y con conceptos difusos de asesoría.
Octubre de 2011. Tras el informe policial, la nómina de imputados continúa creciendo y todos ellos pasan por el juzgado. Los contratos bajo la lupa en la trama de De Miguel suman unos 16 millones de euros.
Mayo de 2012. Concluye la comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que denuncia la falta de control en la Administración, especialmente en el área de Cultura aunque también en el área de Industria, de la que dependen los parques tecnológicos. El PNV defiende que el 'caso De Miguel' es "mera especulación" y que no hay pruebas.
Marzo de 2013. Se celebra el juicio por la investigación paralela contra Tellería por presunto espionaje. Las defensas de los acusados rebajan las fichas a meros cotilleos y el tribunal absuelve a los tres imputados, dos de ellos ertzainas, por falta de pruebas. El PNV pide que se limpie su buen nombre.
Diciembre de 2013. Tras meses de retraso denunciados por la Fiscalía, la Ertzaintza (ahora bajo un Gobierno del PNV) entrega otro informe, en este caso sobre la recalificación de Zambrana. Una de las conclusiones, que "se desconoce" el trabajo realizado por las empresas de De Miguel y su socio, Iosu Arruti, para los inversores catalanes de Construcciones Riera que quisieron poner en marcha la operación urbanística. En total, percibieron por esa supuesta asesoría más de un millón de euros y en Cataluña los nuevos accionistas de Riera acusaron a los anteriores gestores de haber pagado por nada.
Mayo de 2014.EL MUNDO revela que el valor estimado de la operación de Zambrana era de 65 millones de euros. Los promotores catalanes que participaron con De Miguel y Arruti en el 'pelotazo' son citados a declarar como imputados en lo que se aventura ya con el final de la investigación después de casi cinco años.
Marzo de 2015. El juez emite un auto de conclusiones en el que ordena la apertura de juicio contra 26 personas por delitos como cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales o delito fiscal, entre otros. Las empresas de De Miguel pudieron recibir hasta 600.000 euros en comisiones. Exonera a otras personas inicialmente implicadas por no haber hallado indicios en su contra. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, denuncia que la Fiscalía trata de dañar la imagen de su partido.
Junio de 2015.El juez que ha investigado el 'caso De Miguel', Roberto Ramos, solicita un cambio de destino una vez completada la instrucción. Antes, rechaza los recursos de muchos de los imputados, que veían infundadas las acusaciones contra ellos.
Octubre de 2015.La Audiencia de Álava rechaza "íntegramente" el resto de recursos interpuestos por las defensas de los imputados. Confirma que hay indicios para celebrar un juicio y que será entonces cuando los imputados puedan exponer sus alegatos.
Marzo de 2016. La Fiscalía presenta su escrito de acusación contra los 26 imputados. En el proceso son también acusaciones el Gobierno vasco y las Diputaciones de Álava y Bizkaia como perjudicadas, todas ellas en manos del PNV.

No hay comentarios: