Ayer les anticipábamos que hoy hablaríamos de
esta derivada del juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya que empezaba ayer
mismo por un grave caso de corrupción del PNV (Gobierno de Ivarreche, Consejería
de Sanidad).
No es la primera vez que el PNV recurre a esta
trampa: cuando sus corruptos están “pillados”, cuando se inicia el
procedimiento judicial, cuando llega el juicio, y el gobierno vasco (el del
PNV) tiene que comparecer como perjudicado por el robo, por el saqueo de dinero
público, realizado por su gente, por nacionalistas de pura cepa, por (en este
caso), gentes del lejendackary
Ivarreche, hace el paripé de personarse en el juicio … pero no pide sanción
penal, ni pide prisión para los corruptos, ¡cómo va a pedir cárcel para los
suyos!.
EL Correo de este domingo pasado lo dice muy clarito,
bajo el titular que nos sirve de imagen de hoy:
“Una comisión del Parlamento vasco ya dictaminó que existieron irregularidades
continuadas» en Osakidetza entre 1996 y 2009
El Gobierno vasco ha
descartado seguir la vía penal –es decir, pedir penas de prisión– para los
principales acusados del ‘caso Margüello’, tres de ellos designados por
dirigentes políticos con carnet del PNV. La formación nacionalista ha optado
por sólo activar la vía civil y dejar la petición de cárcel para la Fiscalía.
El año pasado el portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y responsable de los
servicios jurídicos del Ejecutivo, Josu Erkoreka, justificó esta posición
porque así lo recomendaban los letrados de Lakua. Aludió, en este sentido, a
procedimientos anteriores donde las penas de prisión decayeron. Dijo que el
principal objetivo del Gobierno autonómico era «recuperar hasta el último
céntimo» de lo defraudado. Una actuación curiosa si se tiene en cuenta que fue
el PSE, socio en el actual Ejecutivo, el que destapó el caso. Fue el entonces
consejero de Sanidad Rafael Bengoa quién denunció las presuntas
irregularidades.
El Parlamento vasco abrió incluso una
comisión de investigación por la que pasaron medio centenar de expertos durante
38 jornadas. El dictamen final, respaldado por todos los partidos excepto el
PNV, llegó a la conclusión de que existieron «irregularidades continuadas» en
la adjudicación de contratos en Osakidetza entre 1996 y 2009, fecha en la que
accedió a Ajuria Enea Patxi López. La Cámara cifró en 30 millones de euros la
cantidad mínima que podría haber sido defraudada en ese periodo.
Precisamente los procesos de contratación pública
supusieron el primer desmarque oficial en el Legislativo de Vitoria entre el
PNV y el PSE en el actual mandato. Los socialistas se desmarcaron de su socio
en Lakua y reclamaron a Urkullu que se eleven los controles en los procesos de
contratación pública. En el debate en la Cámara se puso como ejemplo el ‘caso
Margüello’, que ahora se juzgará en la Audiencia de Vizcaya”".
