Tenía razón el PP de Álava (con el alcalde de
Vitoria y parlamentario vasco Javier Maroto a la cabeza) cuando exigió
intensificar el control de los pagos de la RGI, que está plagada de
irregularidades y que propicia un pérdida multimillonaria (en euros) de fondos
públicos, mientras nuestros ancianos y jubilados tienen congeladas sus
pensiones: el 0,25% de incremento de la pensión supone una congelación
encubierta, porque para la gran mayoría de los pensionista supone menos de dos euros
de incremento mensual de su pensión.
¡Ah! Y que conste, para empezar, que el
yihadista de la información no es natural de Bilbao, pero sí residente en la
Villa; aunque aquí tenemos muchos terroristas de cuna y residencia mayormente son joputas etarras.
Urge revisar los criterios de inclusión en las
relaciones de perceptores de la RGI vascongada; al episodio que motiva estas
líneas, es decir, un terrorista procesado por la Audiencia Nacional, que cobra y
que seguirá cobrando hasta que ingrese en prisión (¡o no!, porque hay multitud
de errores), hay que añadir al terrorista que murió en Siria en 2014 y continúo
cobrando la RGI durante años, después de muerto …
¡A
ver quien toma ahora el relevo de Maroto y de los 41.208 vitorianos y alaveses
que firmaron la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para abordar la reforma a
mejor de la RGI!, aunque los "instalados" del PNV y adláteres impidieron, no ya la aprobación, sino la simple discusión de la proposición de ley.
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