Mañana miércoles 4 de enero, 80 aniversario de los 257 asesinados en las cárceles de Bilbao bajo mando del PNV

No sabemos quién, pero seguramente familiares cercanos de los asesinados por las hordas, publican cada año en vísperas del aniversario una esquela, la que hoy ponemos apareció en El Correo este lunes.

Pero incluso más importante que la esquela es el artículo de opinión de Santiago de Pablo, Catedrático de Historia Contemporánea dela UPV /EHU, titulado “Somos culpables nosotros”, con el subtítulo de “Se van a cumplir 80 años del asesinato de 224 personas que estaban presas en las cárceles de Bilbao en 1937”, en El Correo del 31 de diciembre de 2016.

El artículo decía lo siguiente:

“El próximo 4 de enero se cumplen ochenta años del día en que el encomiable esfuerzo del Gobierno vasco por mantener el orden en su territorio durante la Guerra Civil se fue súbitamente al garete. En solo tres horas, en esa jornada trágica de enero de 1937, 224 personas fueron asesinadas cuando milicianos y civiles armados asaltaron las cárceles de Bilbao. Para entender la trascendencia de este hecho hay que tener en cuenta que en el País Vasco bajo el franquismo nunca se produjo una matanza similar: en la Álava sublevada, por ejemplo, fueron fusiladas durante los tres años de guerra 186 personas.

Si el hecho en sí mismo es sorprendente –dado el empeño del lehendakari Aguirre en hacer realidad el ‘oasis vascop’ de 1936-1937–, aún lo es más que un acontecimiento de este calibre haya desaparecido del recuerdo colectivo, hasta el punto de haberse convertido en un no-lugar de memoria, precisamente ahora que tanto se habla de conservar la memoria histórica de la Guerra Civil.

Si esta tragedia es hoy casi desconocida no es por falta de investigación, pues los hechos básicos son bien conocidos por la historiografía: grupos de manifestantes, enfurecidos tras un bombardeo franquista, se unieron a milicianos de la CNT y asaltaron las prisiones de la villa (Larrinaga, los Ángeles Custodios, el Carmelo y Casa Galera), para dar un escarmiento a los presos. Éstos, ayudados por algunos vigilantes, trataron de defenderse, construyendo barricadas frente a unos asaltantes que utilizaban incluso bombas de mano. Entre los asesinados había significados derechistas, como el integrista Juan Olazábal o el exalcalde de Bilbao Adolfo Careaga, pero la mayoría eran personas anónimas, de ideas conservadoras, incluyendo a trece sacerdotes (uno de ellos simpatizante del PNV).

El inicio del asalto pilló por sorpresa a las autoridades vascas, que además tardaron mucho tiempo en detener la matanza. La Consejería de Defensa quiso desplazar un batallón del PNV, pero no había ninguno acuartelado en Bilbao en ese momento, por lo que envió uno de la UGT que, al ver lo que pasaba, se inhibió y en alguna de las cárceles se unió incluso a los agresores. Los asaltos solo terminaron cuando llegaron en persona a las prisiones tres consejeros del Gobierno vasco. La situación era tan dantesca que uno de ellos, el socialista Juan Gracia, no pudo aguantar y se desmayó.

Si el Gobierno vasco fracasó en la prevención de los hechos, tuvo una actitud ejemplar a posteriori, reaccionando de un modo imposible de encontrar en ningún otro caso en los dos bandos durante la guerra. El 10 de enero publicó una nota en la que, sin concretarlos, hablaba de los recientes «crímenes y saqueos» y aseguraba que iba a exigir «con rigor las responsabilidades contraídas por los culpables, reforzando las previsiones adecuadas para que no vuelvan a repetirse semejantes hechos». El Departamento de Justicia permitió celebrar funerales por los fallecidos y la seguridad de las cárceles fue reforzada por ertzainas y gudaris nacionalistas, que evitaron nuevos asaltos. Además, se nombró un juez especial (el diputado del PNV Julio Jáuregui), que procesó a 61 responsables, aunque el sumario no se había cerrado cuando Bilbao fue conquistada en junio de 1937, por lo que los procesados, que permanecían en libertad provisional, nunca fueron juzgados.

En un gesto que le honra, en el Congreso Mundial Vasco celebrado en París en el año 1956 Aguirre reconoció valientemente su responsabilidad y la de su Ejecutivo en un hecho «que nos avergonzó ante el mundo»: «Somos culpables nosotros. Yo el primero, en nombre del Gobierno, porque nos fallaron los resortes del mando en aquel momento». Como era de esperar, el franquismo trató de preservar el recuerdo de la masacre, a través de homenajes, mausoleos y publicaciones. Para el nacionalismo vasco fue durante el exilio un tema tabú, del que apenas se hablaba, pese a que la memoria de la guerra era casi omnipresente.

Tampoco en la Transición el nuevo Gobierno vasco hizo nada por conservar la memoria de ese aciago 4 de enero. Solo en 2011, en un artículo publicado en EL CORREO, Idoia Mendia, la entonces consejera de Justicia del Gobierno de Patxi López, recordó –junto a otras matanzas cometidas en la zona franquista– «el hecho represivo más sangriento de la guerra en Euskadi». Evocando expresamente el coraje de Aguirre al reconocer su error, Mendia señalaba que había «llegado el momento de reivindicar el dolor de todas las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi. De todas, de las que fueron silenciadas durante cuarenta años de dictadura y también de las que con la llegada de la democracia fueron borradas de la memoria colectiva por resultar políticamente incorrectas».

Sin embargo, cuando en 2015 se organizó en Bilbao una exposición sobre la historia de la cárcel de Larrinaga (1871-1968), con el título ‘La memoria cautiva’, ésta ni siquiera mencionaba los hechos de enero de 1937, pese a que en Larrinaga hubo 55 víctimas. La muestra se centraba en la dictadura franquista y en los cuarenta presos ejecutados a garrote vil en el patio de la prisión en 1937-1939, pero el necesario recuerdo de estos no puede servir para olvidar a otras víctimas de la guerra, como las del 4 de enero. Tampoco es excusa el hecho de que estas últimas fueran conmemoradas por el franquismo (en puridad, ni siquiera puede decirse que fueran ‘franquistas’, puesto que murieron antes de poder colaborar con la dictadura). De hecho, Aguirre no se escudó en que esos muertos fueran del otro bando.

Por ello, es una pena que –al menos que yo sepa– el actual Gobierno vasco no haya preparado ningún acto en recuerdo de los fallecidos el 4 de enero de 1937, como lo está haciendo con otras matanzas de la Guerra Civil. Al fin y al cabo, también éstas son víctimas «del sufrimiento injustamente padecido» en «los últimos cien años», cuya evocación forma parte de los objetivos de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.”