Va
a hacer un año, dentro de unos días, de la gran “movida” violenta del
separatismo catalán cuando un juzgado de instrucción (el nº 13 de Barcelona)
ordenó la entrada y registro de la Vicepresidencia y Departamento de Economía y
Hacienda (el que dirigía el tal Junqueras), que, como es sabido, tres meses
antes asumió la gestión de los procesos electorales, eufemismo que, en esencia,
venía a poner de manifiesto que la organización de toda la logística del
referéndum ilegal de 1-O se hacía desde allí.
Pues bien, la cobertura de la violencia (que supuso en la práctica el
secuestro o impedir la libertad de movimiento de la comisión judicial que
efectuaba el registro de las dependencias) correspondió (tenían bien diseñado
el reparto de papeles) a la llamada “asamblea nacional catalana” y a algo
conocido por “ómnium”, que lideraban los dos “jordis”, cuyo situación procesal
es bien conocida por el lector, esto es, sus muchos meses de prisión
provisional en calidad de preventivos, que no hace sino evidenciar la
importancia de su participación en el delito de rebelión.
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