… y cuando se habla, no se le da ninguna
importancia ...
¡Como es el caso que nos ocupa!. Un alcalde del PNV, tres arquitectos y dos constructores que se ponen de acuerdo para repartir una millonada mediante una estafa a la Diputación, que consistió en que el alcalde pidió una subvención para hacer una obra que no se hizo., pero que sí cobraron ,,, ¡y se repartieron el dinero estafado!.
Pero para que las cosas quedan aún más claras, reproducimos seguidamente el texto completo de la información periodística:
“Los acusados aprovecharon una inundaciones
para pedir y desviar subvenciones.
BILBAO. La Fiscalía pide
seis años de cárcel para el exalcalde de Alonsotegi José Luis Erezuma (PNV),
tres arquitectos y dos constructores por haber urdido una supuesta trama
relacionada con certificados falsos de obras que nunca llegaron a ejecutarse,
obteniendo así «un beneficio ilícito» cercano a los 700.000 euros, un dinero
que procedía en su mayor parte de subvenciones de la Diputación (600.000
euros), pero también de las arcas del Ayuntamiento (81.392). El Ministerio
Público cree que los acusados cometieron los delitos de falsedad de documento
público y mercantil, malversación, fraude a las administraciones y
prevaricación. Además, reclama una inhabilitación absoluta por 10 años, el
abono de las costas y el pago de una responsabilidad civil de 663.277 euros,
más los intereses devengados.
La instrucción del caso
está ya cerrada. Las pesquisas de investigación han concluido y el juez podría
dictar en breve el auto de procesamiento contra los implicados, previo paso a
la fijación de la fecha del juicio. Cuando esto suceda, Erezuma será el tercer
regidor de Alonsotegi que tendrá que sentarse a corto plazo en el banquillo de
los acusados, ya que sus predecesores, los también jeltzales Aitor Santisteban
y Gabino Martínez de Arenaza, están a la espera de ser juzgados por un jurado
popular por presuntos delitos relacionados con la corrupción.
La Fiscalía considera que
Erezuma, los tres arquitectos y los dos constructores implicados se pusieron de
acuerdo para desviar 600.000 euros de subvenciones forales, aprovechando unas
lluvias torrenciales que se produjeron en la localidad entre el 4 y 6 de
noviembre de 2011. Por estas inundaciones pidieron ayuda a la Diputación para
reparar tres instalaciones públicas (los bajos de la casa consistorial, el
ambulatorio y un muro en la carretera general). El Ministerio Público considera
que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar. Sí se
prepararon diversos informes públicos para justificar su necesidad y para
acreditar que habían sido realizadas.
El fiscal también hace hincapié en que la
preparación de los supuestos trabajos y su falsa ejecución se encargaron de
manera verbal. Incluso destaca en su escrito que las decisiones se tomaron pese
a obrar «informes desfavorables de la secretaria-interventora del
Ayuntamiento», alertando de la ilegalidad de determinadas conductas.
«Para pagar una deuda»
Finalmente, el Ministerio Público considera
que todos los acusados obraron «de común acuerdo», es decir, actuaron de formas
coordinada por lo que imputa el conjunto de los supuestos delitos cometidos a
todos ellos, con el agravante de que dos de los implicados ejercían un cargo
público.
Erezuma, que gobernó Alonsotegi entre 2011 y 2015,
siempre ha defendido que no se quedó cantidad alguna de dinero. Reconoció ante
el juez que las obras nunca llegaron a ejecutarse, pero que la suma, en
realidad, fue destinada a pagar una deuda que el Consistorio tenía reconocida
con la constructora por la ejecución del ambulatorio.”.
