No sabemos quién, pero seguramente familiares
cercanos de los asesinados por las hordas, publican cada año en vísperas del
aniversario una esquela, la que hoy ponemos apareció en El Correo este lunes.
Pero incluso más importante que la esquela es el
artículo de opinión de Santiago de Pablo, Catedrático de Historia Contemporánea
dela UPV /EHU, titulado “Somos culpables
nosotros”, con el subtítulo de “Se van a cumplir 80 años del asesinato de
224 personas que estaban presas en las cárceles de Bilbao en 1937”, en
El Correo del 31 de diciembre de 2016.
El artículo decía lo siguiente:
“El
próximo 4 de enero se cumplen ochenta años del día en que el encomiable
esfuerzo del Gobierno vasco por mantener el orden en su territorio durante la
Guerra Civil se fue súbitamente al garete. En solo tres horas, en esa jornada
trágica de enero de 1937, 224 personas fueron asesinadas cuando milicianos y
civiles armados asaltaron las cárceles de Bilbao. Para entender la
trascendencia de este hecho hay que tener en cuenta que en el País Vasco bajo
el franquismo nunca se produjo una matanza similar: en la Álava sublevada, por
ejemplo, fueron fusiladas durante los tres años de guerra 186 personas.
Si el hecho en sí mismo es sorprendente –dado el empeño del
lehendakari Aguirre en hacer realidad el ‘oasis vascop’ de 1936-1937–, aún lo
es más que un acontecimiento de este calibre haya desaparecido del recuerdo
colectivo, hasta el punto de haberse convertido en un no-lugar de memoria,
precisamente ahora que tanto se habla de conservar la memoria histórica de la
Guerra Civil.
Si esta tragedia es hoy casi desconocida no es por falta de
investigación, pues los hechos básicos son bien conocidos por la
historiografía: grupos de manifestantes, enfurecidos tras un bombardeo
franquista, se unieron a milicianos de la CNT y asaltaron las prisiones de la
villa (Larrinaga, los Ángeles Custodios, el Carmelo y Casa Galera), para dar un
escarmiento a los presos. Éstos, ayudados por algunos vigilantes, trataron de
defenderse, construyendo barricadas frente a unos asaltantes que utilizaban
incluso bombas de mano. Entre los asesinados había significados derechistas,
como el integrista Juan Olazábal o el exalcalde de Bilbao Adolfo Careaga, pero
la mayoría eran personas anónimas, de ideas conservadoras, incluyendo a trece
sacerdotes (uno de ellos simpatizante del PNV).
El inicio del asalto pilló por sorpresa a las autoridades
vascas, que además tardaron mucho tiempo en detener la matanza. La Consejería
de Defensa quiso desplazar un batallón del PNV, pero no había ninguno
acuartelado en Bilbao en ese momento, por lo que envió uno de la UGT que, al
ver lo que pasaba, se inhibió y en alguna de las cárceles se unió incluso a los
agresores. Los asaltos solo terminaron cuando llegaron en persona a las
prisiones tres consejeros del Gobierno vasco. La situación era tan dantesca que
uno de ellos, el socialista Juan Gracia, no pudo aguantar y se desmayó.
Si el Gobierno vasco fracasó en la prevención de los hechos,
tuvo una actitud ejemplar a posteriori, reaccionando de un modo imposible de
encontrar en ningún otro caso en los dos bandos durante la guerra. El 10 de
enero publicó una nota en la que, sin concretarlos, hablaba de los recientes
«crímenes y saqueos» y aseguraba que iba a exigir «con rigor las
responsabilidades contraídas por los culpables, reforzando las previsiones
adecuadas para que no vuelvan a repetirse semejantes hechos». El Departamento
de Justicia permitió celebrar funerales por los fallecidos y la seguridad de
las cárceles fue reforzada por ertzainas y gudaris nacionalistas, que evitaron
nuevos asaltos. Además, se nombró un juez especial (el diputado del PNV Julio
Jáuregui), que procesó a 61 responsables, aunque el sumario no se había cerrado
cuando Bilbao fue conquistada en junio de 1937, por lo que los procesados, que
permanecían en libertad provisional, nunca fueron juzgados.
En un gesto que le honra, en el Congreso Mundial Vasco celebrado
en París en el año 1956 Aguirre reconoció valientemente su responsabilidad y la
de su Ejecutivo en un hecho «que nos avergonzó ante el mundo»: «Somos culpables
nosotros. Yo el primero, en nombre del Gobierno, porque nos fallaron los
resortes del mando en aquel momento». Como era de esperar, el franquismo trató
de preservar el recuerdo de la masacre, a través de homenajes, mausoleos y
publicaciones. Para el nacionalismo vasco fue durante el exilio un tema tabú,
del que apenas se hablaba, pese a que la memoria de la guerra era casi
omnipresente.
Tampoco en la Transición el nuevo Gobierno vasco hizo nada por
conservar la memoria de ese aciago 4 de enero. Solo en 2011, en un artículo
publicado en EL CORREO, Idoia Mendia, la entonces consejera de Justicia del Gobierno
de Patxi López, recordó –junto a otras matanzas cometidas en la zona
franquista– «el hecho represivo más sangriento de la guerra en Euskadi».
Evocando expresamente el coraje de Aguirre al reconocer su error, Mendia
señalaba que había «llegado el momento de reivindicar el dolor de todas las
víctimas de la Guerra Civil en Euskadi. De todas, de las que fueron silenciadas
durante cuarenta años de dictadura y también de las que con la llegada de la
democracia fueron borradas de la memoria colectiva por resultar políticamente
incorrectas».
Sin embargo, cuando en 2015 se organizó en Bilbao una exposición
sobre la historia de la cárcel de Larrinaga (1871-1968), con el título ‘La
memoria cautiva’, ésta ni siquiera mencionaba los hechos de enero de 1937, pese
a que en Larrinaga hubo 55 víctimas. La muestra se centraba en la dictadura
franquista y en los cuarenta presos ejecutados a garrote vil en el patio de la
prisión en 1937-1939, pero el necesario recuerdo de estos no puede servir para
olvidar a otras víctimas de la guerra, como las del 4 de enero. Tampoco es
excusa el hecho de que estas últimas fueran conmemoradas por el franquismo (en
puridad, ni siquiera puede decirse que fueran ‘franquistas’, puesto que
murieron antes de poder colaborar con la dictadura). De hecho, Aguirre no se
escudó en que esos muertos fueran del otro bando.
Por ello,
es una pena que –al menos que yo sepa– el actual Gobierno vasco no haya
preparado ningún acto en recuerdo de los fallecidos el 4 de enero de 1937, como
lo está haciendo con otras matanzas de la Guerra Civil. Al fin y al cabo,
también éstas son víctimas «del sufrimiento injustamente padecido» en «los
últimos cien años», cuya evocación forma parte de los objetivos de Gogora, el
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno
vasco.”
