Tomado de El Correo, edición impresa, del miércoles 19 de agosto de 2020.
“Las
numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades
del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido
respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras
de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia. Pero nunca se podrá
borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la
Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del
conjunto de la sociedad española. Esta es la razón por la que queremos hacer
pública la siguiente declaración.
El largo reinado de Juan Carlos I
(1975-2014) ha constituido la etapa histórica más fructífera que ha conocido
España desde, al menos, el comienzo del siglo XIX.
Heredero de los poderes autoritarios
de la dictadura del general Franco, el Rey Juan Carlos I hizo saber al poco de
acceder al trono su voluntad explícita de renunciar a los mismos para propiciar
la organización institucional española de acuerdo con el modelo de las democracias
occidentales.
Don Juan Carlos se comprometió a ser
el Rey de todos los españoles y pronto se consiguió una España sin exiliados y
la superación de las cuestiones que nos habían enfrentado en la historia
reciente. La aprobación por referéndum de la Constitución de 1978, después de
unas elecciones libres a las que concurrieron todos los partidos políticos,
propició la reconciliación entre los españoles y un gran acuerdo nacional, que
cumplió con la voluntad del Rey de que España fuera un país europeo e iberoamericano,
conforme a su vocación histórica, y una democracia occidental avanzada, donde
todos cupieran, abierta al pluralismo representativo y a la alternancia
política.
La bien llamada Transición española a
la democracia constituyó un poderoso reforzamiento de la autoestima nacional y
al tiempo un modelo admirado e imitado internacionalmente. Juan Carlos I
desempeñó en este proceso un papel determinante e imprescindible. Fue y sigue
siendo cierto el haberle calificado como «motor del cambio».
La Constitución
española establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria»; y define al Rey como el Jefe del Estado, «símbolo de su unidad
y permanencia», que «arbitra y regula el funcionamiento regular de las
instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones
internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y
ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las
leyes». A lo largo de sus años de reinado y en desempeño de sus funciones
constitucionales Juan Carlos I ha sido invariablemente fiel a sus propósitos
democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional,
como ocurrió en el 23 F. Ha sabido desenvolverse con permanente atención y cuidado
al progreso político, cultural, económico y social del país y de sus
ciudadanos, a su rica diversidad, configurada en el Estado de las Autonomías,
al prestigio internacional de la comunidad española y a la pacífica y armónica
integración de los españoles en sus diversas opiniones, orígenes y creencias.
Bajo Juan Carlos I la institución
monárquica, como pocas veces antes en la vida española, ha llegado a desempeñar
un papel central e indispensable en la articulación arbitral de los procesos
políticos nacionales y consiguientemente ha quedado transformada en una parte
básica del funcionamiento de la democracia constitucional española. Buena
prueba de ello fue la popularidad que Juan Carlos I alcanzó durante su reinado
y la muy amplia aceptación que la Monarquía suscitó en el pueblo español. La
Monarquía había llegado a ser, tal como la Constitución preconizaba, una forma
de gobierno adecuada a las necesidades y preferencias del pueblo español, útil
por su capacidad moderadora y su comportamiento neutral. El Rey actual, Felipe
VI, es una viva demostración de tales cualidades, que en sustancia recogen lo
mejor y más perdurable del legado de su padre, el Rey Juan Carlos I.
Desde esa óptica, fundamental para
comprender el pasado inmediato de la vida española y las posibilidades de su
mejor futuro, la defensa del legado del Rey Juan Carlos I no puede equipararse
a la protección de un determinado sistema de gobierno sino que debe situarse en
el significado global de la Constitución de 1978, sus potencialidades presentes
y por venir y la misma pervivencia de España como democracia occidental
avanzada. Monarquía parlamentaria, Juan Carlos I y Constitución de 1978 forman
un conjunto inseparable de realidades para todos aquellos que hace 45 años, y
ahora mismo, aspiran a la continuación y el perfeccionamiento de una España en
libertad, en justicia y en solidaridad, capaz de ocupar en el mundo el lugar
que sus ciudadanos necesitan y merecen y reconocida por propios y extraños como
uno de los elementos fundamentales en la sociedad internacional de las naciones
democráticas, prósperas y libres.
Los firmantes de este escrito, que en
su momento tuvieron la ocasión y el honor de servir a España en
responsabilidades diversas y bajo gobiernos de diferentes orientaciones
políticas pero confirmados para ello por la firma del Rey Juan Carlos I o que,
al ejercer funciones en representación del pueblo español prometieron o juraron
guardar la Constitución, quieren hacer llegar estas consideraciones a los
ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades
públicas y privadas, responsables sociales y económicos, autoridades educativas
y culturales, y por supuesto a partidos y organizaciones políticas que tienen
el respeto a la Constitución como su enseña básica, para que actúen en
consecuencia y defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la
integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas
e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta
años de historia común. Porque de ello en gran medida depende la misma calidad
de nuestro futuro.
Agosto 2020”
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