La
antigualla del “Concierto Económico” (más bien de “los” conciertos económicos,
pues hay dos: el de Vascongadas y el de Navarra), debería tocar a su fin, ya
que se trata de figuras jurídicas obsoletas, que solamente forzando la realidad
se han podido (y falsamente) actualizar, porque nada tiene que ver ni el
sistema impositivo de hace siglos con el de ahora, ni la realidad social de
entonces con la de hoy: los dos principales impuestos concertados, el I.R.P.F.
y el I.V.A., son creaciones jurídicas de hace muy pocos años, frente a quienes
sostienen que el sistema de concierto tiene siglos a sus espaldas.
El
“concierto económico vasco” es para el NaCionalismo una forma de soberanía (se
trata de pseudo leyes, en realidad se denominan “normas forales”, que pueden
divergir en aspectos puntuales de la legislación básica de la nación), y por
eso lo defienden con uñas y dientes … pero se trata de un espejismo sabiniano
más, de un engaño absoluto que sólo funciona cuando ellos mismos se lo creen,
pero que “pincha” en cuanto se somete a consideraciones jurídicas serias.
Y seria
es la actividad de control que realiza la Comisión Europea, en este caso a
través de demanda ante el Tribunal de Luxemburgo, que deja meridianamente claro
que la soberanía, también en esto de las normas forales fiscales, reside en
el pueblo español, y por eso las demandas las dirige contra el Reino de España,
y los incumplidores NaZionalistas vascos (y los no nacionalistas con “síndrome
de Estocolmo”), como en el archifamoso caso de las “vacaciones fiscales
vascas”, no pueden comparecer en juicio ni como demandados, ni como
coadyuvantes, así que la Abogacía del Estado (que por cierto es un órgano del
Estado y la pagamos todos los españoles) se tiene que hacer cargo de defender a
España de los despropósitos fiscales de los NaZionalistas vascos, cuando, para
más “inri”, las NaZionalistas vascas son políticas fiscales diseñadas para
perjudicar a otros españoles, señaladamente a las comunidades autónomas vecinas
… que ¡manda “güevos”! (Trillo dixit).
“Ni las diputaciones ni
las empresas afectadas han podido personarse en el procedimiento, ya que en
este caso la petición de multa se dirige hacia el Reino de España, como
responsable ante la UE de lo que sucede en el Estado en materia de libre
competencia. La defensa de los intereses forales y empresariales, en este caso,
será ejercida por un abogado del Estado.”
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La imagen es de 1980, una campaña del PNV para "engrasar" la negociación de, entonces, "los" conciertos económicos (el franquismo mantuvo el de Álava, y había que "recuperar" el de Vizcaya y el de Guipúzcoa).
La imagen es de 1980, una campaña del PNV para "engrasar" la negociación de, entonces, "los" conciertos económicos (el franquismo mantuvo el de Álava, y había que "recuperar" el de Vizcaya y el de Guipúzcoa).
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