Este pasado jueves el Tribunal Constitucional ha actuado y, hay que decirlo alto y claro, y además agradecerselo, lo ha hecho con una rapidez digna de encomio, al objeto de cortar un exceso del gobierno regional vascongado de Pachiló.
En menos de un mes el Gobierno de Mariano Rajoy preparó y presentó la impugnación, y el T.C. la ha admitido a trámite, suspendiendo el decreto impugnado.
Se trataba de un decreto electoralista de Pachiló, con una consecuencia aún mucho peor: el cuestionamiento y el desprestigio de las políticas de contención del gasto público que de una manera imprescindible esta poniendo en marcha el Gobierno de la nación.
Si cualquier gobiernito autonómico de pitimirí pudiera sabotear las medidas del Gobierno de la nación, la credibilidad del Reino de España ante la U. E. y en los mercados internacionales desaparecería de forma absoluta, condenándonos al fracaso más absoluto.
Parece que en esta ocasión la sensiblidad del Tribunal Constitucional ha resultado coincidente con el interés de la sociedad española.
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