Tras
dos días (ayer y el sábado) en que tocamos este asunto, hoy, ponemos fin, de
momento al asunto, con la cronología de los hechos: más de 6 años en la
investigación judicial de los hechos, y aún falta el juicio, la sentencia y los
habituales recursos de apelación y/o de casación, o sea, todavía el asunto
coleará durante varios años. (Pincharaquí encima para acceder vía enlace al texto de la información
periodística).
“Diciembre de 2009. La empresaria Ainhoa Alberdi
denuncia ante la Fiscalía que dos dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de
Miguel y Aitor Tellería, la han extorsionado para que pagara una comisión de
100.000 euros tras la adjudicación de un contrato. Aparentemente, su exsocio el
constructor Jon Iñaki Echaburu, había constituido la sociedad que ahora dirige
Alberdi, Urbanorma Consulting, expresamente para gestionar la ampliación del
parque tecnológico de Miñano. Alberdi aporta grabaciones
como pruebas. En ellas, Tellería dice "de un sitio u otro tenemos que sacar
lo que nos corresponda". Y Echaburu, cuando Alberdi le pregunta por la
comisión, le contesta que la cantidad es "dentro de lo normal" y que
la fijarán "los interlocutores". "¿Es para el partido?",
repregunta ella. "Pues no lo sé, ellos lo van a establecer", replica
el constructor.
Marzo de
2010. La Ertzaintza,
por orden del juez Roberto Ramos y del fiscal Josu Izaguirre, arresta a ocho
personas por su implicación en estos hechos. Además de De Miguel,
Tellería y Echaburu, son arrestados el también dirigente del PNV Koldo
Ochandiano, el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, y las esposas de De Miguel,
Tellería y Ochadiano. Una empresa que presuntamente actuó como
"pantalla" para el cobro de comisiones, Kataia Consulting, figuraba a
nombre de las tres. El PNV fuerza la salida de sus cargos públicos e internos
de todos los implicados, aunque continúan como militantes.
Mayo de 2010.
El juez Ramos
levanta el secreto de sumario. EL MUNDO revela la existencia de más sociedades
mercantiles vinculadas a De Miguel y a operaciones sospechosas. También la
existencia de importantes movimientos de dinero con billetes de 500
euros. Una denuncia anónima se incorpora al sumario y permite
descubrir importantes ingreso de las empresas del dirigente del PNV fruto de
una operación urbanística en Zambrana, al sur de Álava.
Julio de
2010. El juez Ramos
abre una investigación paralela después de hallar en el ordenador de
Tellería una serie de documentos con la apariencia de fichas policiales en las
que se mencionaba a agentes y confidentes de la Unidad de Información y
Análisis de la Ertzaintza. Se acusa al político y a dos mandos intermedios de
esa brigada, ambos cercanos al PNV, de espionaje a políticos y empresarios al
margen de la ley.
Enero de
2011. Arranca en
el Parlamento Vasco una comisión de investigación sobre algunas de las
cuestiones investigadas en el 'caso De Miguel'. El principal foco de interés
son los numerosos contratos 'a
dedo' salidos desde la dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por
Xabier Sánchez Robles, a las empresas de De Miguel por unos
servicios que no se prestaron, según el juez, la Fiscalía, la Policía y el propio
Ejecutivo.
Abril de 2011.
De Miguel es
llamado a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento.
A la entrada, es recibido con un abrazo por el portavoz del PNV, Joseba Egibar.
A la salida, decenas de simpatizantes nacionalistas lo arropan y aplauden. El
presidente del partido, Iñigo Urkullu, se empeña en retirar temporalmente la
militancia a los imputados.
Julio de
2011. La unidad
anticorrupción de la Ertzaintza entrega en el juzgado un contundente informe en
el que hace constar que la de Miñano no fue la única comisión que recaudó la
trama en torno a De Miguel. En concreto, desvela otras dos operaciones en las
que Echaburu había abonado una cantidad
equivalente al 4% de las adjudicaciones que recibió a sociedades pantalla
y con conceptos difusos de asesoría.
Octubre de
2011. Tras el
informe policial, la nómina de imputados continúa creciendo y todos ellos pasan
por el juzgado. Los contratos bajo la lupa en la trama de De Miguel suman unos
16 millones de euros.
Mayo de 2012.
Concluye la
comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que denuncia la falta de control
en la Administración, especialmente en el área de Cultura aunque también en el
área de Industria, de la que dependen los parques tecnológicos. El PNV defiende
que el 'caso De Miguel' es "mera especulación" y que no hay pruebas.
Marzo de
2013. Se celebra el
juicio por la investigación paralela contra Tellería por presunto espionaje.
Las defensas de los acusados rebajan las fichas a meros cotilleos y el tribunal
absuelve a los tres imputados, dos de ellos ertzainas, por falta de
pruebas. El PNV pide que se limpie su buen nombre.
Diciembre de
2013. Tras meses
de retraso denunciados por la Fiscalía, la Ertzaintza (ahora bajo un Gobierno
del PNV) entrega otro informe, en este caso sobre la recalificación de
Zambrana. Una de las conclusiones, que "se
desconoce" el trabajo realizado por las empresas de De Miguel y su socio,
Iosu Arruti, para los inversores catalanes de Construcciones Riera que
quisieron poner en marcha la operación urbanística. En total,
percibieron por esa supuesta asesoría más de un millón de euros y en Cataluña
los nuevos accionistas de Riera acusaron a los anteriores gestores de haber
pagado por nada.
Mayo de 2014.EL MUNDO revela
que el valor estimado de la operación de Zambrana era de 65 millones de euros.
Los promotores catalanes que participaron con De Miguel y Arruti en el
'pelotazo' son citados a declarar como imputados en lo que se aventura ya con
el final de la investigación después de casi cinco años.
Marzo de
2015. El juez
emite un auto de conclusiones en el que ordena la
apertura de juicio contra 26 personas por delitos como cohecho,
blanqueo de capitales, malversación de caudales o delito fiscal, entre otros. Las empresas de
De Miguel pudieron recibir hasta 600.000 euros en comisiones.
Exonera a otras personas inicialmente implicadas por no haber hallado indicios
en su contra. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, denuncia que la Fiscalía
trata de dañar la imagen de su partido.
Junio de
2015.El juez que ha
investigado el 'caso De Miguel', Roberto Ramos, solicita un cambio de destino
una vez completada la instrucción. Antes, rechaza los recursos de muchos de los
imputados, que veían infundadas las acusaciones contra ellos.
Octubre de
2015.La Audiencia de
Álava rechaza "íntegramente" el resto de recursos interpuestos por
las defensas de los imputados. Confirma que hay indicios para
celebrar un juicio y que será entonces cuando los imputados puedan exponer sus
alegatos.
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