Hasta
la “Dipu” del PNV ha intervenido, con un doble mensaje: que hay que respetar la
presunción de inocencia … pero que en su partido no ocurre eso (en el texto de la noticia). Es decir y como
es habitual en el PNV, hace una vez más uso de su contradicción interesada
permanente: pide la presunción de inocencia, pero da por sentada la culpabilidad
y la existencia de algún tipo de corrupción.
Por
otra parte, ayer parece que recalaron en Bilbao los auditores “externos”
remitidos desde la sede central del PP … para verificar “in situ” el estado de
las cuentas del PP de Vizcaya.
No
sabemos que resultará al final, probablemente hasta la semana que viene no habrá
noticias fiables, pero lo que ya se puede exigir desde este momento, por simple decencia personal
y por coherencia, además de por razones políticas, es que el presidente provincial (con
muchos años en el cargo, y antes más como secretario provincial) y los dos últimos
secretarios provinciales (hubo cambio hace un año) dimitan inmediatamente
de sus actuales cargos orgánicos y quizás también de sus cargos públicos (dos son parlamentarios vascos y uno apoderado a Juntas Generales de Vizcaya).
Esta exigencia es innegociable en el caso del
presidente provincial del PP de Vizcaya (ese tipo que le dijo a Rajoy, micrófono en ristre ante las cámaras de televisión, que estaba hasta los cojones de los
casos de corrupción), que además de su responsabilidad personal directa en el asunto que
nos ocupa, tiene también una clara responsabilidad política porque, incumpliendo
los estatutos del PP, permitió (se dice que incluso pidió) al gerente
provincial corrupto (¡habrá que decir “supuestamente”!) que desempeñara un cargo
público incompatible, esto es, un cargo institucional electivo (apoderado a Juntas Generales desde hacía casi 20
años y también concejal de Lejona (“leioa” en la neolengua de akí) al menos desde 1997 hasta el 2011,
es decir 14 años.
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