La diferencia entre los dirigentes de un país serio, con la democracia consolidada, con la separación de poderes como piedra angular del sistema, y quienes aún están como en los países de charanga y pandereta, aparece con claridad en el tratamiento de asuntos como el que hoy traemos a portada: que hasta el más poderoso (y Mme. Lagarde lo es mucho) puede verse sometido a una decisión judicial como es que le registren el domicilio.

Aquí, en España, en Vascongadas, deberíamos reclamar que todo individuo sobre el que la justicia tenga  indicios suficientes de criminalidad, no sólo sea objeto de un registro domiciliario, sino que debería pasar de forma inmediata por el Juzgado a declarar, como testigo o como imputado; ¿y quien?, pues todos, desde la Infanta Cristina (inclusive) para abajo, a todos, hasta el último rincón.