Nos
resulta casi imposible resumir la información aparecida en El Correo el día de
nochevieja, así que lo ponemos todo a continuación:
“IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL TRIBUNAL
Sobrecostes.
Las obras del campo de fútbol y de los nuevos vestuarios
se finalizaron con sobrecostes del 64% y del 154%.
Debajo
de la tasación. Eraikiz vendió un terreno a una
inmobiliaria por 4,3 millones sin que se haya encontrado la documentación
relativa al concurso. También adjudicó otro terreno por 5,4, por debajo de su
valor de tasación, que era de 5,9.
Contratos
para empresas de consejeros a dedo. Firmas de consejeros de
la extinta sociedad, ahora investigados por la Justicia, cobraron servicios a
Alonsotegi Eraikiz por casi dos millones.
Facturas.
Se abonaron por importes de 32.184 y 32.550 euros por
prestación de servicios jurídicos antes de la propia constitución de la
sociedad. El Ayuntamiento y Eraikiz, a su vez, abonaron dos veces la misma
factura a Pabisa.
Concurrencia.
No se respetaron los principios de publicidad y
concurrencia en contratos como el del ambulatorio, la plaza Madinabeitia o el
campo de fútbol.
Reparo.
En apenas ocho años, la sociedad generó al menos 4
millones de euros de deuda. El pleno aceptó los activos y pasivos de la
sociedad con el reparo de la interventora del Ayuntamiento
El
Tribunal de Cuentas del País Vasco (TCPV) ratificó ayer en su informe
definitivo la nefasta gestión de fondos públicos en la sociedad municipal
Alonsotegi Eraikiz, fundada en 2003, cuando el jeltzale Gabino Martínez de
Arenaza dirigía el Ayuntamiento. Dedicada a gestionar promociones de vivienda y
otras obras, la entidad funcionó hasta abril de 2011, cuando fue liquidada,
dejando a las arcas municipales una deuda que los vecinos elevan a ocho
millones y que aún está por desentrañar.
El
pleno aprobó la adquisición de los activos y pasivos de la sociedad en contra
de los informes de la interventora, que alertó que se desconocían las
consecuencias económicas que la decisión tendría para el municipio. Ahora, el
organismo que preside el exdiputado general José Luis Bilbao ha aprobado por
unanimidad las conclusiones de un informe demoledor solicitado por el pleno de
Alonsotegi, las Juntas y el Juzgado de Barakaldo que investiga la supuesta
malversación de fondos públicos que realizaron media docena de personas, entre
ellos los exregidores Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban (PNV), tras una
denuncia de Bildu.
El
organismo fiscalizador pone de manifiesto que la sociedad incurrió en varias
ilegalidades y destaca el nulo control por parte de los responsables
municipales de sus cuentas desde el año 2006. De hecho, la intervención emitió
informes de reparo entre ese ejercicio y 2008 ante la «imposibilidad de
realizar sus funciones por falta de documentación justificativa». Precisamente,
ha llamado la atención de los auditores la adjudicación de contratos
millonarios que vulneraron los principios de publicidad y concurrencia que
deben regir los concursos.
Se
da la circunstancia de que tres de las cuatro grandes obras llevadas a cabo por
orden de la extinta sociedad, que costaron unos seis millones, recayeron en
Pabisa, de la que era entonces apoderado un conocido empresario con raíces en
el pueblo. Por ejemplo, «no consta justificación alguna de las razones por las
que se ha producido ni informe que avale» la encomienda de las obras de la
plaza Madinabeitia a Pabisa, cuyas cargas de urbanización se trataron de girar
a los vecinos de Errota después de que Basaldi, la promotora de las viviendas,
introdujera una cláusula en las escrituras. Tampoco «consta» que se diera
publicidad al concurso.
La
auditoría también pone de manifiesto que el coste de las obras del campo de
fútbol, realizadas por la misma firma, se incrementaron en un 64% respecto al
importe adjudicado hasta los 1,3 millones, atentando contra la Ley de Contratos
Públicos, una norma que también incumplió la construcción de los vestuarios
del estadio, que se encareció hasta un 154%. El ambulatorio se adjudicó
igualmente sin publicidad a otra empresa, que terminó en concurso de
acreedores.
Por
otro lado, el tribunal censura que la sociedad vendiera 1.673 metros cuadrados
de terreno por 4,3 millones más IVA sin que haya «quedado probado» que se
convocase un concurso. La entidad también licitó otra parcela en Soloburu
«vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, ya que solo anunció en
prensa la convocatoria». Además, la adjudicó por 5,4 millones, un importe menor
al de tasación de los bienes (5,9 millones).
Licitar terrenos ajenos
El
adjudicatario, eso sí, debía realizar un proyecto de nuevo centro de salud y de
un parking subterráneo. Lo curioso es que Alonsotegi Eraikiz licitó bienes
ajenos, que no pertenecían ni al Ayuntamiento ni a la entidad, además de otros
que estaba utilizando Osakidetza, lo que provocó que solo pudiera transmitir
una parte de la finca, por 3,5 millones. El tribunal que preside José Luis
Bilbao también pone la lupa en los contratos que Alonsotegi Eraikiz adjudicó a
firmas de sus propios consejeros. Así, un abogado de Bilbao se adjudicó la
gerencia de la sociedad por 712.394 euros. Su compañía se benefició de otros
contratos por 214.235 euros.
Otro
directivo de Eraikiz (un arquitecto asesor) consiguió encomiendas por valor de
874.226 euros. «Además, realizó proyectos para el adjudicatario de la obra del
campo de fútbol, incumpliendo el principio de objetividad, el régimen de
incompatibilidades y el deber de abstención por cuanto emitió un informe
técnico favorable previo a su contratación», advierte el informe, al que han
presentado alegaciones Martínez de Arenaza y Santisteban, además del actual
alcalde, que aclara que nadie de su actual Corporación ha formado parte de la
sociedad. El TCPV advierte que el informe presentado por Eraikiz no refleja su
situación financiera. Detecta «excesos de valoración que supondrían disminuir
los fondos propios en 4,1 millones y reducir las deudas en 2,6».”
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