Hoy se celebran concentraciones de repulsa por el asesinato de Luis Conde

EN SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Y POR UN COMPROMISO PERMANENTE POR LA DERROTA DE ETA

Las asociaciones aquí convocantes, AVT, FORO ERMUA y COVITE, así como las adheridas a esta convocatoria, FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO, DIGNIDAD Y JUSTICIA, FUNDACIÓN GREGORIO ORDÓÑEZ y la Asociación AYUDA A LAS VÍCTIMAS 11 M, queremos transmitir nuestra absoluta repulsa por los últimos atentados y nuestro deseo de recuperación inmediata de todos los heridos. Especialmente queremos recordar el atentado de Santoña donde ha sido cobardemente asesinado el brigada D. LUIS CONDE DE LA CRUZ.

Queremos mandar nuestra solidaridad y apoyo a todas las víctimas, a los familiares, a los amigos, a los compañeros. También queremos destacar el valor, entrega y compromiso del ejército, de la policía y de la Guardia Civil. Servidores leales del bien público que arriesgan diariamente sus vidas en defensa de nuestros derechos. El papel de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier democracia es importante, pero en una democracia como la nuestra, hostigada por el terrorismo, es más que importante, es fundamental porque sobre sus hombros se levantan nuestras libertades.

El movimiento cívico y de víctimas del terrorismo, unidos por unos fines comunes, actuando con total unidad y determinación, a pesar de los intentos de ciertos políticos y grupos de interés, haremos cuanto esté en nuestra mano por ayudar a las personas que sufren directamente la brutalidad del terrorismo y por conseguir la derrota de la banda ETA sin ningún tipo de concesión.

La desaparición de un ser humano a manos de una banda de pistoleros repugna a cualquier conciencia moral. Pero en estos momentos no debemos limitarnos a manifestar nuestro asco y nuestro dolor. Tenemos que comprometernos con el fin que da un sentido al sacrificio a manos de ETA de tantas y tantas víctimas. Ese fin es la libertad, la libertad de los ciudadanos del País Vasco y del resto de España. Ese fin es también la democracia, el imperio de la Ley y que nadie pueda conseguir una ventaja política o personal por el uso de la violencia. Las víctimas merecen verdad, memoria, dignidad y justicia.

Por eso instamos a todas las fuerzas políticas, a las instituciones y a la ciudadanía en general a comprometerse de manera permanente y definitiva con una política antiterrorista para la derrota de ETA. Una política en la que no quepan escenarios de diálogo ni negociación. Una política que elimine cualquier esperanza de los terroristas de conseguir sus objetivos o mejorar su situación personal a través de la violencia o la amenaza.

Exigimos unidad contra ETA. Unidad sin fisuras por su derrota. Con el compromiso de utilizar todo el Estado de Derecho contra los terroristas, sin pausas, treguas, ni diálogos con los asesinos, con quienes les representan o con quienes les amparan o protegen. Los terroristas deben estar en prisión y no dando nombre a las calles o plazas como todavía sucede en muchos municipios del País Vasco para vergüenza de todos.

Existen ya dos medidas que pueden adoptarse de manera inmediata para arrinconar más a ETA: La disolución de los ayuntamientos gobernados en solitario o en coalición por ANV y la reforma del delito de desobediencia para obligar a cumplir las resoluciones de ilegalización del TS.

La presencia de ANV en los Ayuntamiento y del PCTV en el Parlamento vasco han provocado daños que son irreparables. El Gobierno es el único responsable al haberse negado a iniciar en su momento la ilegalización del brazo político de ETA como consecuencia de la negociación con la banda. Por ello tiene si cabe una mayor obligación moral para adoptar todas las medidas a su alcance contra ETA. La Ley de Bases del Régimen Local permite a través de su artículo 61 la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Exigimos al Gobierno que utilice ese instrumento legal para arrinconar a ETA. Por otro lado, la desobediencia a la orden del Tribunal Supremo de disolver los grupos municipales o parlamentarios de ANV o el PCTV, tiene como pena máxima multa y dos años de inhabilitación. Esta pena es absolutamente insuficiente y es una invitación a la desobediencia. Por eso es obligación del Gobierno iniciar de manera urgente la reforma del delito de desobediencia para obligar al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo y permitir que la ilegalización de los brazos políticos de ETA tenga efectos reales.

Desde las asociaciones de víctimas y movimientos cívicos no queremos sólo buenas palabras o manifestaciones de dolor o repulsa. Exigimos medidas concretas, efectivas e inmediatas.

VIVA ESPAÑA, VIVA LA CONSTITUCIÓN, VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS